El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para unificar las normas de control de la calidad de los alimentos y las sanciones en caso de fraude. El objetivo es garantizar la igualdad de trato a las empresas en todas las autonomías
El proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria homogeneiza las reglas en las comunidades autónomas y el régimen sancionador.
La nueva regulación incorpora al control alimentario los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y da respuesta a una reivindicación de los empresarios, sobre todo por las disparidades existentes entre las autonomías.
El texto, que debe pasar la tramitación parlamentaria, aglutinará en una norma armonizada el sistema de inspecciones y controles -tanto de los funcionarios públicos como “autocontroles” privados- y tipificará las sanciones, con importes “disuasorios, para que no sea rentable defraudar”, según la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
Afecta a las distintas etapas de la cadena de suministro del producto, desde la salida de la explotación a la llegada a los almacenes de logística; concierne a las materias primas o ingredientes, a los procesos de obtención del alimento a la presentación y al etiquetado de venta al público.
La ley suplirá la carencia de una norma actualizada sobre control en la calidad en el comercio alimentario, ya que la actual data de 1983.
Afecta a las materias primas o ingredientes, a los procesos de obtención del alimento a la presentación y al etiquetado de venta al público.
La ministra ha insistido en que la regulación favorecerá la competitividad de las empresas y evitará que los operadores se enfrenten a “cargas administrativas por una multiplicidad de normas autonómicas”.
Régimen de sanciones
En cuanto a las penalizaciones, tipifica las infracciones leves, graves o muy graves, así como una horquilla sobre la cuantía de las multas.
En el ámbito de las sanciones, el objetivo es salvar los obstáculos con que se encuentran los operadores al recibir un tratamiento distinto según la Comunidad Autónoma, dentro de todos los eslabones de la cadena (productores, industria y supermercados).
El proyecto también establece redes de intercambio rápido de información entre el Ministerio y las autonomías -quienes tienen competencias en el control alimentario-, para coordinar las actuaciones y la interpretación de las normas.
Una de ellas será la “Red Informativa de Calidad (Rical)” para unificar criterios entre autoridades e inspectores y otra la “Red de Intercambio de Información de Calidad Alimentaria (Riica)”, para la comunicación rápida si hay fraude.
Además, se crea la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, un grupo de trabajo para la cooperación entre las Administraciones.
