Una cata de aceite. Foto cedida por Ainia

Una cata de aceite. Foto cedida por Ainia

LA ARMONIZACIÓN PENDIENTE

¿Cómo actualizar las normas del aceite?

Publicado por: agro 13 de octubre de 2015

La legislación nacional sobre aceite de oliva ha quedado en muchos casos desfasada y supone un problema para las empresas, que se enfrentan a obstáculos para desarrollar nuevos productos.

¿Responde la normativa española a las necesidades de las empresas oleícolas? El jefe del Departamento de Legislación de Ainia Centro Tecnológico, José María Ferrer, recomienda derogar la legislación nacional sobre aceite de oliva que haya quedado desfasada y aplicar la comunitaria -armonizada entre Estados- para no perjudicar a las empresas españolas frente a sus rivales.

En una entrevista con Efeagro, el experto recuerda que las compañías españolas tienen obstáculos normativos para desarrollar nuevos productos con base en el aceite de oliva, a pesar de que es la principal potencia del mundo en este sector.

Aceites de oliva españoles. Foto: Interprofesional
Aceites de oliva españoles. Foto: Interprofesional

Ferrer apunta, por ejemplo, que el reglamento técnico sanitario de aceites vegetales comestibles que se aplica España, que data de 1983 -es decir, tiene 32 años-, impide a las compañías de nuestro país vender determinadas mezclas de aceite de oliva con aceites de semillas en el mercado interior.

A su juicio, este Real Decreto 308/1983 sobre los aceites vegetales puede generar fricciones o problemas interpretativos respecto a la legislación comunitaria.

Mientras tanto, el reglamento sobre comercialización del aceite de oliva en la Unión Europea (UE) de 2012 sí permite vender mezclas de aceites vegetales y de oliva, siempre que el contenido de este último sea superior al 50 %. Y, aunque la UE deja libertad a los Estados Miembros para que prohíba estas mezclas en su territorio -así lo hace España-, sí les obliga en cambio a que permitan vender esos productos si han sido envasados en otro país comunitario.

En la práctica, puede darse el caso de que empresas foráneas puedan vender estos productos en España, pero no así las nacionales, lo que puede suponer un perjuicio para estas últimas e incluso un riesgo de externalización o deslocalización.