La auditoría, cuyo resultado se ha difundido este miércoles, ha evaluado el diseño del marco de control y su aplicación entre 2018 y 2023 en cuatro Estados miembros: Bélgica, Gracia, Italia y España (los tres últimos concentran un 91 % de la producción de aceite de oliva de la UE).

El tribunal ha destacado en un comunicado que la UE cuenta con normas "exhaustivas" para llevar a cabo los controles, si bien los países de la UE, responsables de establecer sus propios sistemas de vigilancia y llevar a cabo comprobaciones, "no las aplican íntegramente".

"Mejorar los controles, la trazabilidad y la claridad jurídica es esencial para proteger no solo a los consumidores, sino también la reputación del aceite de oliva europeo", ha afirmado la integrante del tribunal responsable de la auditoría, Joëlle Elvinger.

El informe destaca que los controles de los Estados miembros de residuos de plaguicidas en el aceite de oliva procedente de países de la UE "son claros y en general funcionan bien".

Sin embargo, los controles de otros contaminantes están "menos desarrollados" y algunas normas como las relativas a los controles sobre las mezclas y la trazabilidad "no son suficientemente claras", lo que da lugar a diferentes prácticas nacionales que pueden afectar a la calidad.

Las normas europeas establecen requisitos mínimos de etiquetado, verificación de la categoría y análisis de plaguicidas.

Según las conclusiones del estudio, algunos de los controles realizados están incompletos y, en ocasiones, se excluyen del mercado de los análisis de riesgos, lo que provoca "lagunas" que pueden afectar a la calidad y la confianza de los consumidores.

Los auditores constataron que los controles para detectar la presencia de plaguicidas y otros contaminantes en el aceite de oliva importado de fuera de la UE -el equivalente al 9 % de su producción anual- eran "inexistentes o esporádicos en los Estados miembros visitados".

Países como España e Italia rastrean el origen de las aceitunas y del aceite en todas las fases de la cadena mediante registros electrónicos, pero hacerlo a través de las fronteras es "complicado", como ocurre con el producto que procede de más de un país de la UE o tiene origen mixto (de la UE y de terceros países).

El tribunal ha señalado que tampoco existen normas o directrices "exhaustivas" sobre cómo debe controlarse la trazabilidad y ha asegurado que la Comisión Europea "solo tiene una visión parcial del funcionamiento de los sistemas de control nacionales".

En ese sentido, los informes anuales y las reuniones con las autoridades nacionales "no garantizan el intercambio de toda la información pertinente", lo que dificulta el seguimiento efectivo de los sistemas de control, según los auditores.