Las bodegas españolas se registran de forma masiva ante las autoridades chinas -tras las investigaciones antidumping y antisubvención iniciadas por ese país- para evitar que las incluyan en el listado de “no colaboradoras” y les impongan tasas o sanciones elevadas.
El plazo de registro finaliza el próximo 20 de julio y las compañías han tomado conciencia del problema con una respuesta generalizada.
La Federación Española del Vino (FEV) se registrará como parte interesada ante las autoridades chinas para defender a las bodegas en el proceso de investigación, al tiempo que realiza una labor titánica contrarreloj para asesorar a las compañías, para lo que han contratado al despacho de abogados Ashurst y los socios chinos de éste (Guantao).
Y es que ese país tratará de buscar pruebas que demuestren daños en su mercado por las subvenciones que reciben las empresas europeas (y españolas) y justificar las “salvaguardas” o sanciones que, por otra parte, muchas firmas dan por hecho de que llegarán como represalia al celo europeo en las exportaciones de paneles chinos.
Aluvión de peticiones
De momento la FEV ha atendido a más de 300 empresas en sólo una semana -y sólo se ha cumplido la mitad del período para el registro oficial, que recomiendan expresamente-, lo que muestra un seguimiento de la medida “muy representativo” de las firmas.
El aluvión de peticiones muestra la disposición de bodegas, empresas, consorcios y otros operadores para colaborar “con transparencia” con China.
Las investigaciones chinas a los vinos europeos, incluidos espumosos, envasados y graneles -que llegan como represalia a los impuestos de la UE a los paneles solares chinos- suponen un jarro de agua fría para las compañías, enfocadas en la exportación.
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