El sindicato Comisiones Obreras ha considerado este lunes que la pasada huelga de tres días en Glovo ha sido un "éxito humilde" en las zonas donde cuentan con capacidad organizativa mediante comités de empresa y secciones sindicales.
Entre el pasado viernes y ayer domingo, los repartidores de la plataforma fueron convocados a una serie de paros en contra de los 750 despidos anunciados por la plataforma y a favor de mejoras laborales.
El responsable adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carlos Sola, ha explicado a
Efeagro que el impacto de la huelga ha sido "total" en zonas como Almería, Navarra, Alicante, Vitoria, Las Palmas, algunas de Valencia y la periferia de Madrid.
En esos casos, ha señalado que son áreas en las que hay pocos trabajadores y no prestan servicios los servicios de flotas, por lo que han podido comprobar la falta de operatividad de la plataforma.
En otros casos han seguido operando los repartidores contratados por los propios establecimientos de restauración, mientras que CCOO no ha podido hacer seguimiento de los paros en grandes núcleos como Madrid y Barcelona por el "alto" número de cuentas alquiladas y el servicio de las flotas, entre otros obstáculos.
CCOO ha denunciado a Glovo por usar subcontratas para sortear la huelga de repartidores, así como el envío de pedidos a través de otras plataformas como Uber Eats y Catcher.
No obstante, Sola ha resaltado que Glovo ha tenido "menos demanda que un fin de semana normal", a pesar de las dificultades por recabar la información ante la negativa de la compañía para proporcionarla.
El representante sindical ha apuntado que los trabajadores han podido organizarse en solo unos meses, después de que en junio de 2025 culminara el proceso de laboralización tras la aprobación de la "ley rider" en 2021.
Los sindicatos rechazan el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado el pasado 11 de marzo por la plataforma y que afectará a 750 repartidores de unas 60 ciudades de toda España.
Además de exigir la retirada de los despidos, se oponen al régimen sancionador llevado a cabo por la empresa y a lo que considera un "ERE encubierto", denunciado ante la Audiencia Nacional y relacionado con el "goteo de despidos disciplinarios sin garantías" de los últimos meses.
También pide "el fin a la persecución sindical" y la negociación de un convenio colectivo propio.
