El Gobierno ha sacado adelante su proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, un texto pionero y de referencia para toda Europa según el Ejecutivo, pero criticado por la oposición por falta de valentía, por estar “mal resuelta” y por no contar con consenso.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, defendió ayer en el Congreso que la norma regula aspectos como la mediación en los contratos, la conservación de documentos, las prácticas abusivas -como la modificación unilateral de los contratos, que se prohíbe-, suministro de información obligatoria, gestión de marcas y código de buenas prácticas comerciales.
Se trata de “la ley más avanzada” de la UE, que además utilizará la CE como referencia para elaborar la futura legislación comunitaria y, aunque pueda ser mejorable, “hemos llegado al máximo de lo que la legislación de competencia europea permite”, señaló.
Recordó, ante las críticas de la oposición, que no han regulado la venta a pérdidas como infracción administrativa, “el sujeto responsable sería el agricultor” y “yo no estoy dispuesto” a eso.
Explicó que el Ejecutivo aspira a que la UE cambie la legislación sobre Competencia pero puntualizó que el responsable de que ahora no se pueda ir más allá es el comisario Almunia “que no está en nuestras filas sino en las suyas” -dijo en referencia al PSOE-.
El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, afirmó en su intervención que el Gobierno ha aprobado “una mala ley”, sin consenso político, “frágil” y “mal resuelta”, que defrauda tanto a la oposición como también a las expectativas de los distintos operadores de la cadena alimentaria.
Criticó que no haya sido sometida a análisis del Consejo de Estado, que deje fuera del amparo a parte de las empresas en sus relaciones con la distribución alimentaria, que no se regula la venta a pérdidas ni existe un “régimen sancionador” -que hará más fácil a los incumplidores pagar multas que cumplir la ley-, y que no se doten de medios a la Agencia del Aceite de Oliva para el control.EFEAGRO