Los diputados han aprobado, con 29 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, su informe sobre el proyecto de Ley cuyo objetivo es reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir desde el campo hasta el hogar mediante medidas como multas elevadas.

Todos los grupos parlamentarios salvo Vox han reconocido las mejoras sobre el proyecto del Gobierno conseguidas en el dictamen aprobado este jueves, que incluye 32 enmiendas, algunas del PSOE transaccionadas con los demás partidos y otras puntuales de ERC, PNV, Ciudadanos o Grupo Plural.

La nueva ley estipula que las empresas de la cadena deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.

El dictamen aprobado este miércoles señala que el objetivo es “la prevención, reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos” por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, estableciendo una jerarquía de prioridades de solución”.

También fija como propósitos la promoción de la economía circular y la sensibilización.

La normativa introduce como fin específico “reducir la generación de residuos alimentarios” de forma que se logre una disminución del 50 % de los desechos per cápita en la venta minorista y del consumo y del 20 % de las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030″.

Entre las novedades respecto al proyecto de ley figura la inclusión de las entidades del “tercer sector de acción social” en el conjunto de los agentes de la cadena alimentaria que prestan servicios de distribución de alimentos donados.

Los diputados también han apoyado otra enmienda por la cual el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá “al menos” publicar una vez al año los datos de medición del desperdicio y han respaldado que las comunidades autónomas programen medidas para cumplir la ley “en diálogo con las administraciones locales.

El Pleno debatirá el proyecto de ley y las enmiendas que los grupos parlamentarios mantengan “vivas” y una vez aprobado, continuará la tramitación parlamentaria en el Senado; si esta última cámara aprueba enmiendas vuelve al Congreso y si no hay cambios se publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor.

El diputado Daniel Senderos (PSOE) ha calificado de “histórica” la nueva ley que prevendrá las pérdidas y favorecerá el aprovechamiento de alimentos.

Ha recordado que 1.300 toneladas al año acaban en la basura y que tres de cada cuatro españoles tiran comida en su casa, con una media de 70 kilos por persona anuales.

Ha señalado que la cantidad de alimentos desperdiciados en el mundo equivale “al país con más consumo de agua, al segundo país con más tierra utilizada para alimentos que nadie come y al tercer país con más emisiones de efecto invernadero”.

Milagros Marcos (PP) ha reconocido que la ley ha mejorado durante su paso por la comisión parlamentaria, aunque aún se queda “escasa” y en ese sentido ha apuntado que deberían estar incluidos los centros públicos como comedores o residencias en las nuevas medidas.

Entre las mejoras ha citado las menciones a la medición del cumplimiento de normas y la “diferenciación entre los centros pequeños y grandes”.

´Xavier Eritja (ERC) ha subrayado que el texto transaccionado recoge excepciones para que las microempresas tengan menos carga burocrática y alusiones a planes de empresas de economía social mara minimizar el desperdicio.

El proyecto de ley fija un régimen sancionador que establece como falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para la que prevé penalizaciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros.