CONTRABANDO TABACO

La paradoja del tabaco ilegal: baja el comercio pero hay más fábricas clandestinas

Publicado por: EFEAGRO 6 de octubre de 2022

El descenso del comercio ilegal de tabaco que experimentó España en el primer semestre de 2022, hasta el 6,7 %, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2021, contrasta con la mayor proliferación de fábricas clandestinas, con 11 desmanteladas hasta julio, más del doble que el año anterior.

Es una de las principales conclusiones del VII Congreso Nacional Frente al Contrabando que ha organizado este jueves en Madrid la tabacalera Altadis, que estima el impacto en la economía de este fenómeno en 90 millones de euros por cada punto porcentual de comercio ilícito, por lo que en el primer semestre de 2022 ascendió a 603 millones de euros.

El comercio ilícito de tabaco incluye tanto a aquel que procede de fábricas ilegales y no es producido por fabricantes legítimos, como el que es está fabricado por tabacaleras legalmente establecidas pero no se vende en el país al que va destinado, sino en otro.

El volumen de comercio ilícito es el menor desde 2011 y se explica, según Altadis, por el cierre de fronteras decretado por la covid-19, a raíz del cual muchos consumidores se acostumbraron a comprar en el estanco ante la escasez de oferta de tabaco ilegal.

Una muestra de ello es el hecho de que Gibraltar redujo drásticamente su peso como principal mercado origen del comercio ilícito de cigarrillos España, pasando de representar el 67 % en el primer semestre de 2021 al 15,6 % en el mismo periodo de este año.

ALTA RENTABILIDAD Y LEVE CASTIGO PARA LAS FÁBRICAS ILEGALES

Por contra, el número de fábricas clandestinas de cigarrillos ha crecido exponencialmente en España, tomando como base los datos de establecimientos de esta naturaleza que han desmantelado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, impulsadas por la alta rentabilidad que obtienen los grupos delictivos dedicados a esta actividad y el leve castigo penal al que se exponen.

"La fabricación de tabaco ilegal tiene una alta rentabilidad y un bajo reproche penal. El delito por contrabando son tres años de prisión, una cantidad relativamente baja", ha expresado en el congreso frente al contrabando el teniente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Sevilla de la Guardia Civil, Jesús Alvargonzález.

Por ello, ha indicado que está intentando enfocar los desmantelamientos que lleva a cabo como "delincuencia organizada", delito que puede conllevar ocho años de cárcel.

La misma opinión ha compartido el jefe de la UDYCO de la Policía Nacional de Zaragoza, Carlos Gracia Turrau, quien ha afirmado que como las organizaciones criminales "ven que el tráfico de drogas está más penado y tiene más repercusión, se pasan al contrabando".

Imagen del VII Congreso Frente al Contrabando celebrado este jueves. Efeagro/Rubén Figueroa

Las 11 fábricas ilegales desmanteladas hasta el pasado julio tenían una capacidad de producción de más de 5 millones de cigarrillos diarios.

De estos 11 desmantelamientos, seis fueron llevados a cabo por investigación aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y sumaban en conjunto una capacidad de producción de tabaco ilegal por valor de 23 millones de euros.

Desde 2013, se han desmantelado un total de 43 fábricas ilegales de tabaco en España.

Con todo, el consumo de tabaco proveniente del comercio ilícito descendió un 29 % durante los seis primeros meses de este año en relación al mismo periodo de 2021.

FENÓMENO CRECIENTE EN LA UNIÓN EUROPEA

La jefa del área de investigación aduanera de la Subdirección General de Operaciones de la AEAT, Beatriz Ageitos, ha especificado durante su intervención en el congreso que la fabricación clandestina es un fenómeno creciente en la Unión Europea y no sólo en España y como ejemplo ha expuesto que en Polonia se han desmantelado 500 fábricas ilegales en los últimos 5 años.

El impacto económico del contrabando de tabaco en la sociedad fue otro de los grandes temas que se abordó en el VII Congreso Frente al Contrabando, debido a las grandes pérdidas que conlleva tanto para Estado como para las Comunidades Autónomas, los estancos y el resto de subsectores legales que se dedican a esta actividad.

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